El Consejo de Estado suspendió parcialmente la resolución que detenía la ejecución de órdenes de captura contra integrantes de estructuras armadas de crimen de alto impacto.

Son siete señalados cabecillas de estructuras criminales con presencia en Medellín, Bello y el Valle de Aburrá.

La decisión se adoptó en el curso de una demanda de nulidad simple contra ese acto administrativo.

Para el despacho, la resolución no tuvo en cuenta las exigencias que la Corte Constitucional impuso para la aplicación de la suspensión de órdenes de captura prevista en la Ley de 'Paz Total', en el marco de la exequibilidad condicionada del parágrafo segundo del artículo 5 de la Ley 2272 de 2022.

Según el Consejo de Estado, no se observaron los condicionamientos establecidos en la Sentencia C-525 de 2023 de la Corte Constitucional, según los cuales la motivación del Gobierno para suspender las órdenes de captura debía sumarse un examen de la Fiscalía sobre la idoneidad de la medida en cada caso concreto.

El despacho concluyó que la resolución demandada no contiene esa verificación, que le corresponde a la autoridad judicial, en los términos de la sentencia.

En síntesis, dicha medida no podía ser discrecional y generalizada, pues debía acatar parámetros de evaluación, como la suficiencia de la motivación administrativa, la necesidad de la medida para el cumplimiento de los fines legales y, la constatación de que la solicitud se encuentra dentro de los supuestos cubiertos por el marco legal de los acercamientos y conversaciones.

La medida cautelar se concedió respecto de 7 órdenes de captura que se mantenían suspendidas por la resolución.

La solicitud respecto de otros 16 integrantes de estructuras armadas referidos en la demanda fue negada, debido a que la Fiscalía, previo a esta decisión, revocó la suspensión de esas órdenes de captura.